La regencia de María Cristina (1833-1840)

Al morir Fernando VIl, heredó el trono su hija Isabel, de solo 3 años. Por este motivo, las responsabilidades de la Corona recayeron de manera temporal en su madre, María Cristina de Borbón. La regente buscó el apoyo de los liberales moderados, puesto que los partidarios del absolutismo y del Antiguo Régimen se habían alineado con el pretendiente al trono Carlos Maria Isidro, hermano del monarca fallecido. En sus ansias de suceder a Fernando VIl, don Carlos y sus partidarios habían propiciado una insurrección militar que derivó en la primera guerra carlista (1833-1840). 

El primer presidente del Gobierno durante la regencia de María Cristina fue Francisco Cea Bermúdez, jefe del último Ejecutivo de Fernando VIl. Impulsó reformas de carácter administrativo, como la división del Estado en 15 regiones y 49 provincias, en 1833, ejecutada por el ministro de Fomento Francisco Javier de Burgos.

El liberalismo pronto puso en entredicho las políticas de Cea Bermúdez, que consideraba propias del despotismo ilustrado e insuficientes para alcanzar la construcción de un Estado liberal. En enero de 1834 el libe-| ral moderado Francisco Martínez de la Rosa sustituyó a Cea Bermúdez y adoptó decisiones de calado. Así, procedió a la disolución de la jurisdicción gremial (para favorecer la libertad de fabricación y de comercio: decretó la supresión de todos los conventos masculinos de los que hu- biera salido aunque fuera un solo fraile para unirse a la causa carlista, y concedió amnistías a los liberales exiliados en Londres y París para huir de la represión absolutista.

En 1834 se promulgó el Estatuto Real, una ley que hacía las veces de Constitución, pero no había sido redactada por representantes de la nación. Por el contrario, era una carta otorgada por la monarquía, que se reservaba numerosas atribuciones políticas, como la capacidad exclusiva para convocar, suspender y disolver las Cortes. Estas estaban integradas por dos cámaras: la de los Próceres, formada por altos cargos eclesiásticos, aristócratas y latifundistas designados por la Corona con carácter vitalicio; y la de los Procuradores, compuesta por representantes elegidos mediante sufragio censitario muy restringido.

A partir de julio de 1834 la inestabilidad política se hizo muy evidente. A los problemas económicos y militares derivados de la guerra carlista, se unió una epidemia de cólera moral que desembocó en una feroz reacción antieclesiástica, con la quema de numerosos conventos, pues entre las clases populares corrió el rumor de que los frailes habían sido envenenados el agua. Las algaradas fueron muy sangrientas en Cataluña, donde en ocasiones adquirieron un componente ludita (destrucción violenta de maquinaria por parte de artesanos y obreros). En este contexto, Martínez de la Rosa, presionado por los liberales progresistas, en gran medida. dada como instigadora de las revueltas, dimitió en junio de 1835. 

Lo sustituyó José María Queipo de Llano, conde de Toreno, quien, pese a la represión, no pudo sofocar las protestas del liberalismo progresista. Tres meses después, en septiembre de 1835, Toreno dimitió y la liberó. El socialismo progresista alcanzó el poder, con el banquero y hombre de negocios Juan Álvarez Mendizábal como jefe del Ejecutivo. Alvarez Mendizabal, que adoptó unas formas de gobierno prácticamente dictatoriales, emprendió una serie de reformas tendentes a la desarticulación del Antiguo Régimen y la consolidación del Estado liberal. Entre otras medidas, creó las diputaciones provinciales, reorganizó las milicias nacionales y suprimió la Mesta.

La desamortización de Mendizábal

Su acción más atrevida fue el proceso desamortizador, que puso a  venta bienes de la Iglesia y tierras comunales. El objetivo era doble: por una parte, llevar a cabo una reforma agraria que permitiera la aparición de una nueva capa social con capacidad de invertir y generar riqueza y, por la otra, recaudar dinero para destinarlo a corregir el alarmante déficit de la Hacienda pública y a derrotar las tropas carlistas.

Sin embargo, el Gobierno no logró ninguno de estos propósitos. La deuda pública siguió creciendo y las tropas gubernamentales aún tardarían cuatro años en vencer a los sublevados carlistas. Por otro lado, las propiedades subastadas fueron adquiridas por las clases pudientes (burguesía y aristocracia), que consolidaron su posición social y económica a costa de elevar la presión sobre un campesinado que no pudo acceder a la propiedad de la tierra y, además. perdió las tierras comunales que hasta entonces podía explotar. En cualquier caso, la regente consideró demasiado profundas las medidas de Álvarez Mendizábal y en mayo de 1836 lo destituyó y encargó la formación del Gobierno al moderado Francisco Javier de Istúriz. 

Este cambio de tendencia del Gobierno disgusto a los sectores progresistas, que protagonizaron varias revueltas populares hasta que el motín militar de La Granja, en agosto de 1836, forzó a la regente a aceptar la Constitución de 1812 y a formar un nuevo Gobierno progresista, encabezado por José María Calatrava y con Álvarez Mendizábal como ministro de Hacienda. 

Pronto se desató un debate acerca de la conveniencia de adaptar la constitución de 1812 a los nuevos tiempos, lo que condujo al proceso de redacción de la Constitución de 1837, un texto que, pese a haber sido impulsado por el liberalismo progresista, a la postre resultó ser más moderado que la Constitución de Cádiz en cuanto a libertades. La Constitución de 1837 estipuló que la Corona y las Cortes compartirían la soberanía y que las cortes iban a estar formadas por dos cámaras, el Congreso y el Senado, elegidas mediante sufragio censitario.

Las elecciones que siguieron al proceso constituyente de 1837 dieron de nuevo la victoria al liberalismo moderado, y en un breve lapso de tiempo se sucedieron tres Gobiernos diferentes. La acción de gobierno más relevante y a la vez controvertida de este periodo fue la ley municipal, una medida centralizadora tendente a eliminar la independencia de los ayuntamientos en beneficio del poder estatal. 

La oposición de los progresistas a la nueva ley municipal fue total, lo que derivó en levantamientos callejeros y motines Ante tal estado de cosas en 1840 la regente Maria Cristina, después de sancionar la ley, disolvió | las Cortes y cedió la regencia al general Baldomero Espartero, un militar progresista de enorme prestigio e influencia gracias a su liderazgo en el triunfo gubernamental sobre las fuerzas carlistas sublevadas desde 1833.