La década moderada (1844-1854)

 

La caída en desgracia de Baldomero Espartero precipitó la coronación de Isabel II, que entonces tenía 13 años de edad. Con Narváez a cargo de la jefatura del Ejecutivo, en el mes de mayo de 1844 se inició un periodo de diez años de Gobiernos moderados. Esto permitió la consolidación de un Estado liberal, basado en la preponderancia del orden sobre las libertades públicas, la limitación del derecho del sufragio y defensa de la propiedad privada. Fue, con todo ello, una etapa caracterizada por las reorganizaciones administrativas, burocráticas, educativas y fiscales en un clima de relativa estabilidad política y de cierta bonanza económica.

La Constitución de 1845 

Una de las herramientas en las que se basó la construcción del Estado liberal moderado fue la Constitución que se promulgó en 1845. Aunque jurídicamente fue presentada como una reforma de la de 1837, su contenido político era mucho más conservador; por lo que procede referirse a ella como una nueva carta magna.

La Constitución de 1845 suprimió la soberanía popular; esta pasó a ser una atribución compartida por el rey y las Cortes. Además, se restringió el censo electoral al elevarse el requisito del límite patrimonial de los electores. Por otra parte, la Corona recuperó la potestad exclusiva de convocar las Cortes y se limitaron derechos como las libertades de expresión y de reunión.

La organización del Estado liberal

Los diferentes Gobiernos moderados de este período llevaron a cabo una tarea de racionalización, uniformización y centralización de las estructuras estatales, una tendencia política heredada del absolutismo de comienzos del siglo xvn. 

Así, en el año 1845 se impulsó una ley para el control de los ayuntamientos, que concedía al monarca la potestad de escoger a los alcaldes en los municipios de más de 2000 habitantes, mientras que el jefe político provincial elegía los máximos cargos municipales de los municipios menores. También en 1845 se promulgó la ley sobre provincias por la que estas quedaron subordinadas al poder central mediante la ampliación de las facultades de los jefes políticos provinciales, que eran los gobernadores civiles. Las únicas excepciones a esta regla fueron las provincias vascas y Navarra, que pudieron mantener la integridad de sus derechos forales. 

También en 1845 se llevó a cabo una reforma fiscal de la mano del ministro de Hacienda Alejandro Mon. Gracias a esta se organizaron los múltiples impuestos heredados de la época del Antiguo Régimen y se mejoró el sistema de recaudación. Además, se distinguió entre impuestos directos, aplicados a la renta y al patrimonio, e indirectos, que gravaban los bienes de consumo. 

Ese mismo año se reorganizó la enseñanza pública a través del conocido como Plan Pidal, que ordenó la creación de escuelas en todo núcleo con más de quinientos habitantes y que organizó la educación en dos bloques, primaria y secundaria. La última quedó prácticamente restringida a las clases sociales más pudientes.

La reforma educativa, elaborada por el historiador y entonces ministro de Gobernación Pedro José Pidal, perseguía la centralización del sistema mediante la elaboración de planes de estudio comunes para todos los territorios del Estado, la escolarización exclusiva en lengua castellana y la designación monárquica de los rectores universitarios.

En materia de seguridad, en el año 1848 se elaboró un Código Penal que iba a permanecer en vigor hasta 1996. Además, cabe resaltar la creación, en 1844, de la Guardia Civil, un cuerpo policial de organización militar con la misión de mantener el orden público y defender la propiedad privada, especialmente en el ámbito rural. Con esta medida también se pretendía vaciar de sentido y disolver las milicias nacionales, unos cuerpos integrados por elementos populares armados que con cierta frecuencia se habían sumado a las algaradas revolucionarias de la década anterior. 

Durante la década moderada también se produjo una política de acercamiento y reconciliación del Estado con la Iglesia católica, después de que las relaciones quedaran muy deterioradas a raíz del proceso desamortizador de 1836. Así, mediante la firma del Concordato de 1851, la Iglesia aceptó el hecho ya consumado de las desamortizaciones y. En contrapartida, el Estado refrendó la fe católica como única de la nación española, asumió el carácter católico en la enseñanza y se comprometió al mantenimiento del culto y del clero mediante retribuciones económicas anuales. 

Por otro lado, los Gobiernos moderados de este periodo se dedicaron a la creación de una red de infraestructuras que permitiera fomentar el mercado económico interno y, de forma paralela, el desarrollo industrial. De este modo, entre 1851 y 1852, el Gobierno liderado por Juan Bravo Murillo llevó a cabo una ambiciosa política en obras públicas, consistente en la creación y reparación de caminos, el impulso de obras hidráulicas como las del canal de Castilla y la proyección de la canalización del Ebro hasta el mar o la del Lozoya, con la intención de abastecer de agua a la ciudad de Madrid. 

En el mismo sentido, tuvo lugar un gran desarrollo de las líneas férreas. En 1848 se inauguró el primer tramo de ferrocarril en la Península, entre 1 aprobó la ley de ferrocarriles, que estableció una red radial con centro en Madrid. Igualmente, con la ley de puertos y el desarrollo de las navieras se aspiraba a mejorar las comunicaciones marítimas. 

La crisis del moderantismo 

A lo largo de toda la década, los sectores progresistas tratan de hacer oposición a la gestión política de los moderados desde los escaños del Congreso, pero también desde las páginas de una prensa afín a las estructuras gubernamentales. No obstante, eran conscientes de la imposibilidad de alcanzar el poder por medio de las urnas, debido a las restricciones y al  control del sufragio, así como también a la evidente predilección de la Corona por los moderados. 

Por esta razón, la vía revolucionaria nunca fue desestimada, aunque no contó con posibilidades reales de éxito hasta comienzos de la década de 1850. Entonces, los efectos de una incipiente crisis económica fueron el sustrato de un clima de tensión social que acabó derivando en el pronunciamiento militar de 1854, protagonizado por los generales progresistas O'Donnell, Dulce y Ros de Olano.